Resumen: Se cuestiona si la extinción del subsidio por incapacidad temporal, debe tener como fecha de efectos la de la resolución administrativa del alta médica o la de su notificación al interesado. Se incluye una expresa consideración sobre la recurribilidad de la sentencia del juzgado de lo social, y entiende que cabe recurso de suplicación contra la misma, pese a que la cantidad reclamada no alcanza los 3000 €, con el argumento de que el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre esta materia sin cuestionarse su propia competencia. Estamos ante una reclamación de cantidad derivada del alcance temporal de la prestación reconocida. La Sala Curta ha dictado numerosas sentencias en igual sentido, lo que desvela la abundante litigiosidad que lleva a conocimiento del Tribunal la existencia de una afectación general que anteriormente no constaba y no aparecía acreditada. En la resolución del recurso la Sala se atiene al criterio que emana de las SSTS 6/4/2022 rcud. 1289/2019 y otrzas muchas posteriores. Se constata un elevado número de precedentes en la materia, lo que revela que la afectación general es notoria.
Resumen: La demandante, funcionaria interina que anteriormente había suscrito contratos laborales con el Ayuntamiento interpuso demanda a por cuanto habiendo cesado en su puesto por haber sido cubierto por funcionario, se la indemnizara en calidad d etrabajadora indefinida no fija. El juzgado declaró incompetente la jurisdicicón social y la Sala confirmó dicha resolución, habiendo de acudir la trabajadora a la jurisdicciñon contencioso-administrativa.
Resumen: Frente al auto dictado por el Juzgado de lo Social por el que declara su falta de jurisdicción por razón de la materia en favor de la jurisdicción civil, recurre el actor en suplicación. La Sala de lo Social desestima el recurso, aplicando la excepción de cosa juzgada, ya que la cuestión planteada en el presente procedimiento, relativa a la naturaleza de la relación de prestación de servicios ya fue resuelta por sentencia firme, no pudiendo volver a examinarse idéntica cuestión.
Resumen: En la sentencia apuntada el Tribunal Supremo, Sala de lo Social, resuelve el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la actora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de septiembre de 2020. Consta que el JS desestimó la demanda de la actora contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social sobre el reconocimiento del complemento de maternidad previsto en el art. 60 LGSS. El TSJ de Madrid anuló las actuaciones a partir de la notificación de la sentencia de instancia, declarando la firmeza de esta y negando la posibilidad de recurso de suplicación. El Tribunal Supremo, tras apreciar la concurrencia de contradicción exigida por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, admitió a trámite el recurso de casación y lo resolvió en favor de la recurrente. El Tribunal Supremo concluyó que la sentencia del Juzgado de lo Social sí era susceptible de ser recurrida en suplicación, debido a que el complemento de maternidad tiene un régimen propio y diferenciado de la pensión a la que complementa. Además, el TS destacó la notoria afectación general del complemento de maternidad por aportación demográfica. Así, el Tribunal Supremo estimó el recurso de casación, casando y anulando la sentencia del TSJ de Madrid, y devolvió las actuaciones a dicha Sala para que resolviera con libertad de criterio el recurso de suplicación interpuesto.
Resumen: El JS estimó condena a reconocer la categoría de gestora y al abono de cantidad, no alcanzando los 3.000€ considera que concurre afectación general por declararlo un miembro del comité de empresa, testigo en el proceso. El TSJ estimó el recurso de la empresa no apreciando que realizase las funciones esenciales de la categoría reclamada dando pie al recurso de casación unificadora. En cud. la actora cuestiona si debe reconocerse la superior categoría profesional que se reclama y la diferencia de cantidades, el fiscal informó de la falta de competencia funcional. La Sala IV siendo la cuantía del litigio 2.762,87€ analiza la recurribilidad de la sentencia al ser cuestión de orden público procesal que afecta tanto a la Sala de Suplicación como la a la Sala IV. Remite a su interpretación del art. 191.3 b) LRJS, se remite STS 11/10/22, r. 4178/19, en que fija la interpretación sobre la existencia de afectación general. Recordó que no queda a la libre apreciación de la partes ni que un acuerdo de ellas pueda dotar de afectación general a una controversia que no lo tiene, sino es cuestión de orden público, no disponible, es necesario que sea objetivamente evidente. En el caso ante un proceso de clasificación profesional con reclamación de cantidad inferior a 3.000€, no cabe recurso por la cuantía art. 191.2 d) LRJS, también se descarta por la afectación general basada en testifical que señaló que había demandas, no constando pluralidad de demandas que suponga litigiosidad apreciable
Resumen: Toda vez que el art. 191.4.c) LRJS limita el recurso de suplicación frente a las resoluciones que dispongan la terminación anticipada del proceso al supuesto de incomparecencia injustificada a los actos de conciliación y juicio cuando no fuera jurídicamente posible la ulterior reproducción de la demanda, no procede frente al auto teniendo por desistida a la parte por incomparecencia, puesto que los efectos jurídicos del desistimiento no impiden al demandante volver a ejercitar la acción en una nueva demanda, salvo caducidad u otra causa legal. Reitera doctrina establecida en STS 177/2024, de 13 de febrero, Rcud.2326/2022.
Resumen: En el procedimiento de instancia de impugnación de acto administrativo en materia laboral, la Sala de lo Social tras analizar su competencia objetiva y territorial, la naturaleza de las Mutuas colaboradoras, su sujeción a las leyes presupuestarias, masa salarial y convenio aplicable, estima la demanda y anula la sanción impuesta por abono al personal de alta dirección de complementos salariales, pues si bien existen cautelas legales en la gestión de los recursos económicos de las Mutuas, cabe el pacto individual sobre dichos complementos, pues dada la falta de personal sanitario médico en nuestro país, el complemento salarial resulta una medida adecuada para la consecución del fin social de la Entidad (el mantenimiento de la plantilla).
Resumen: La Sala aprecia incluso de oficio la falta de competencia objetiva para enjuiciar la demanda origen de las actuaciones, por cuanto entendemos que corresponde su conocimiento a la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, por razones evidentes que atienden al ámbito procesal que delimita la clase de órgano y grado en función del objeto indisponible para las partes y que en cualquier momento procesal debe advertirse, máxime cuando así ha sido tratado en la instancia.
Resumen: No existe razón jurídica que permita sustentar que la cuantía del sueldo del personal vinculado con la entidad demandada con una relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud puede ser diferente, a la cuantía del sueldo base que corresponde al personal estatutario vinculado con la entidad demandada.
Resumen: La trabajadora personal laboral fijo reclamó derecho y cantidad frente a Consejería el 23/06/19, desestima por considerar que no es trabajadora fija. El 29/03/19 se adoptó acuerdo mixto que fijó requisitos y procedimientos para el personal laboral. El JS estimó la demanda, declaró el derecho de la actora acceder al Grado I de la carrera profesional y percibo del complemento desde 1/01/19. Recurre la Xunta, el TSJ apreció de oficio incompetencia de jurisdicción en favor de la contencioso-administrativa con revocación SJS. Deja imprejuzgada la acción y remite a la STS 4/01/21 en demanda de conflicto colectivo reclamando el reconocimiento para el personal laboral en plaza funcionarizable y no funcionarizable y en tiende que se está pidiendo la nulidad de las Órdenes para estimar la demanda y la no competencia del orden social para conocer pactos aplicables a personal funcionario conjuntamente con el laboral. En cud. la trabajadora cuestiona la determinación del orden jurisdiccional competente para conocer la cuestión. La Sala IV delimita el objeto de la pretensión el reconocimiento de la carrera profesional prestando servicios para el Consorcio, señaló que los objetos de la STS de conflicto difieren, no hay intención de impugnar las órdenes, es personal laboral. La competencia es atribuible al orden social, estimando al tratarse de conflicto laboral individual sobre la carrea profesional denegado por ser personal laboral fijo del consorcio. Devolviendo al TSJ
